Al ofrecer a todo el mundo una masa de conocimientos cada vez más grande ¿acaso Internet hará realidad el sueño del siglo de la Ilustración, o estará en cambio preparando la pesadilla de un saber público entregado al azar de apetitos privados? Gracias a — o por culpa de — Google, estas preguntas ya no tienen nada de abstracto. Estos últimos cuatro años, el famoso motor de búsqueda ha numerisado y puesto en línea millones de obras sacadas de los estantes de las mayores bibliotecas universitarias.
Para autores y editores, tal operación constituía una flagrante violación del derecho de autor. Mas luego de luongas negociaciones, las partes han llegado a un acuerdo que debiera transformar para siempre la forma cómo los libros llegan a sus lectores. Si bien los contornos legales y económicos del nuevo espacio instaurado por tal arreglo siguen siendo borrosos, el objetivo de los directores de bibliotecas es claro : abrir sus colecciones y volverlas disponibles para cualquier lector en cualquier lugar.
Un proyecto aparentemente simple, pero una y otra vez trabado por las dificultades sociales y los intereses económicos. Igual que, dos siglos ha, el de la república mundial de las letras.

Por Robert Darnton, marzo de 2009




El siglo XVIII, el de la Ilustración, profesaba una confianza total en el mundo de las ideas — llamado por los enciclopedistas la república de las letras. Un territorio sin policía ni fronteras y sin más desigualdad que la de los talentos. Cualquiera podía entrar en él con tal que ejerciera uno de los dos atributos de su ciudadanía, esto es, la escritura y la lectura. Los escritores debían formular ideas, los lectores juzgar sus fundamentos. Bajo la égida de la palabra impresa, los argumentos se difundían en círculos concéntricos y sólo ganaban los más convincentes. En esta edad de oro de la escritura, las palabras también circulaban vía epistolar.


Hojeando la abultada correspondencia de Voltaire, de Jean-Jacques Rousseau, de Benjamin Franklin o de Thomas Jefferson — al rededor de cincuenta volúmenes para cada uno —, entramos de lleno en la república de las letras. Estos cuatro escritores debatían asuntos cruciales de su época en un flujo ininterrumpido de correos que, uniendo Europa con América, ya presentaba todas las características de una red de información transatlántica.


Tengo particular afecto por la correspondecia entre Jefferson (1743-1826) y James Madison (1751-1836). Les gusta hablar de todo, en particular de la Constitución norte-americana en redacción, a la cual el segundo se dedica en Filadelfia mientras Jefferson representa a la jóven república en Paris. También hablan de libros, ya que el segundo es fanático de las librerías de la capital y a menudo le compra obras a su amigo. La Enciclopedia de Denis Diderot está entre sus adquisiciones. Jefferson cree haber hecho un gran negocio; confundió una reedición con el original…


Dos futuros presidentes de los Estados Unidos conversando acerca de libros en la Red de la Ilustración, la imágen es sobrecogedora. Pero antes de dejarse llevar, hay que subrayar que la república de las letras no era democrática más que en principios. En realidad, le pertenecía a los ricos y aristócratas. Ante la imposibilidad de vivir de su pluma, en efecto, la mayoría de los escritores se veían obligados a cortejar a los poderosos, a pedir mesadas, a mendigar un puesto en algún diario controlado por el Estado, a ingeniárselas contra la censura y a forjarse un camino por los salones y academias, allí donde se hacían y deshacían las reputaciones.


Impotentes ante las humillaciones a los que eran sometidos por sus protectores, se dedicaban a pelear entre ellos como lo atestigua la querella entre Voltaire y Rousseau.




Luego de leer el 'Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes' de Rousseau, el autor de Candide le escribe en 1755 :

« Recibí, Señor, su nuevo libro contra el género humano. (...) Nunca se había gastado tanta inteligencia en intentar volvernos estúpidos; cuando uno lee su libro dan ganas de caminar en cuatro patas.»

Rousseau le responde cinco años después :
« Señor, (...) os odio.»


Los conflictos personales se veían exacerbados por las diferencias sociales.


Lejos de funcionar como un ágora de igualdad, la república de las letras padecía un mal que carcomía a todas las sociedades del siglo XVIII: los privilegios.


Estos últimos no estaban limitados en la esfera aristocrática. En Francia, también se aplicaban al mundo de las ideas, en particular a las imprentas y librerías, dominadas por gremios en situación de monopolio, al igual que a los libros mismos, los cuales sólo podían aparecer con el visto bueno del rey y la aprobación de la censura.


Podríamos analizar tal sistema refiriéndonos a la sociología del saber, y en particular al concepto desarrollado por Pierre Bourdieu de la literatura como un campo en el cual las posiciones opuestas se rigen por las reglas de un juego más o menos autónomo respecto a las fuerzas dominantes de la sociedad.


No es necesario, sin embargo, subscribir a la escuela de Bourdieu para darse cuenta que la vida literaria no tenía mucho que ver con los ideales de la Ilustración. A pesar de sus principios generales, la república de las letras constituía un entorno cerrado, inaccesible para los no-privilegiados.


Pero, aún así, la Ilustración me sigue pareciendo el mejor argumento a favor de la apertura en general y del libre acceso a los libros en particular.




Hoy por hoy, en el mundo de las bibliotecas de investigación y en el mundo virtual, ¿se contradicen acaso los principios y la realidad tal como en el siglo XVIII?


Una de mis colegas siempre cuenta que en cualquier velada en que se aparecía le tocaba escuchar este comentario condecendiente :

« Una bibliotecaria, qué simpático… Dígame, ¿cómo es ser bibliotecario? »

Ella siempre respondía  :
« Ante todo es un asunto de dinero y poder. »


Pero la mayoría de nosotros sólo pide atenerse a los principios fundacionales de nuestras grandes bibliotecas públicas.

« Libre para todos »

puede leerse sobre la entrada de la biblioteca de Boston.


En el mármol de la de Nueva York, una cita de Jefferson está escrita en letras de oro :

« Considero la educación como el mejor medio de mejorar la condición humana, promover la virtud y asegurar la felicidad del hombre. »


Nuestra república fue construida sobre el mismo Zócalo que la república de las letras : la educación.


Para Jefferson, la Ilustración estaba iluminada por los escritores y lectores, por los libros y las bibliotecas — sobre todo la del Congreso, la de Monticello (donde vivía Jefferson) y la de la universidad de Virginia.


Esta confianza en el poder emancipador de la palabra está inscrita en el primer capítulo de la Constitución norte-americana, que subordina los derechos de autor — los que sólo son reconocidos « por un tiempo limitado » — al principio superior del « progreso de la ciencia y de las artes útiles ».


Los Padres fundadores reconocían el derecho del autor de obtener una retribución justa por su trabajo intelectual, pero subrayaban la preeminencia del interés general por sobre el lucro individual. ¿Cómo equilibrar el peso relativo de estos dos valores?


Los autores de la Constitución no ignoraban que la noción de copyright había sido inventada en Gran Bretaña en 1710, en el contexto de la ley llamada « Statute of Anne ». Esta legislación pretendía limitar la omnipotencia de los editores e “incentivar la educación”. Otorgaba a los autores la propiedad absoluta de su obra por un período de catorce años, renovable solamente una vez.


Los editores intentaron defender su monopolio arguyendo derecho de publicación exclusivo y perpetuo, el cual según ellos les correspondía por costumbre. Luego de varios intentos, finalmente los tribunales fallaron contra ellos en 1774, en el juicio Donaldson contra Becket.


Cuando los norte-americanos redactaron su Constitución trece años despupés, tomaron prestado el punto de vista entonces predominante en Gran Bretaña. Un plazo de veintiocho años parecía lo suficientemente largo como para preservar los intereses de autores y editores. Más allá de éso, debía prevalecer el interés público.


En 1790, el primer Copyright Act — también concebido para « fomentar la educación » — se inspiraba en el modelo británico adoptando un período de catorce años renovable sólo una vez.


¿Cuánto dura el copyrigt actual? Según la ley Sonny Bono Copyright Term Extension Act de 1998 (también llamada « ley Mickey » pues se temía que el personaje fetiche de Disney callese en el dominio público), el derecho de autor se aplica a una obra tanto como dure la vida del autor, y luego ecima setenta años después de su muerte.


En la práctica, ésto quiere decir que el interés particular del autor y de sus herederos pasa por sobre cualquier otra consideración durante más de un siglo. Por lo tanto la gran mayoría de los libros norte-americanos publicados durante el siglo XX aún no caen en el dominio público.


En Internet, el libre acceso a nuestra herencia cultural generalmente no se ejerce sino para las obras anteriores al 1ero de enero de 1923, fecha a partir de la cual la mayoría de los editores hacen valer su copyright. Y seguirá siendo así por lo menos por un buen tiempo — a menos, obviamente, que grupos privados se hagan cargo de numerizar la mercadería, la condicionen y la comercialicen, para los intereses de sus accionistas, por supuesto.


Mientras tanto, nos encontramos en el absurdo de que Babbitt, la novela de Sinclair Lewis publicada en 1922, pertenece al dominio público mientras que Elmer Gantry, aparecido en 1927, sigue bajo las siete llaves del copyright hasta el 2022 (1).

Pasar de los grandes principios que proclamaban los Padres fundadores a las prácticas de la industria cultural de hoy en día, es caer del cielo de la Ilustración a la cloaca del capitalismo global. Si utilizácemos la sociología del saber para examinar el tiempo presente — a lo Bourdieu —, constataríamos que vivimos en un mundo gobernado por Mickey.


La república de las letras se había profesionalizado como una república del saber (leer « 26 000 dólares la subscripción »), mas hela ahí abriéndose a los amateurs — en el mejor sentido del término, enamorados del conocimiento de entre los ciudadanos comunes.


Por todos lados se abre la brecha gracias al acceso a artículos numerizados puestos en línea gratuitamente en sitios como Open Content Alliance, Open Knowledge Commons, OpenCourseWare o el Internet Archive, o en sitios de plano declarados amateurs como Wikipedia.


La democratización del conocimiento está ya al alcance de la mano, por lo menos en lo que concierne al acceso a las fuentes. ¿Podría ser que el ideal de la Ilustración se hiciese realidad?
A estas alturas el lector tiene el derecho de cuestionarse si es que no estoy saltando de un ejercicio típicamene norte-americano, la jeremiada, a otro igualmente enraizado en nuestras manías, el entusiasmo ingenuo.


Supongo que sin lugar dudas habría algún modo de combinarlos ambos en algún procedimiento dialéctico, si es que no estuviésemos amenazados por el peligro de la mercantilización.


Cuando empresas como Google piensan en una biblioteca, no necesariamente están viendo un templo del saber. Más bien una mina de « contenidos » para explotar a cielo abierto.


Levantadas por siglos a costo de enormes esfuerzos y grandes sumas de dinero, las colecciones de las bibliotecas pueden ser numerizadas a gran escala por un costo módico — unos cuantos millones de dólares quizás, una suma ridícula en todo caso comparada con la inversión que permitió su creación.


Las bibliotecas existen para promover un bien público : el « fomentar la enseñanza », un aprendizage «abierto para todos».


Las empresas fueron creadas para darle dinero a sus accionistas — está bien, probablemente, si aceptamos que una economía del lucro también beneficia al interés general.


Sin embargo, si autorizamos la comercialización del total de nuestras bibliotecas, arriesgamos no poder resolver nunca más una contradicción fundamental.


Numerizar las colecciones y venderlas en línea, sin preocuparse de ofrecer un acceso libre para todos, sería repetir el error que se cometió con las revistas científicas que fueron dejadas en manos de editores privados, pero a una escala infinitamente más vasta ya que ésto transformaría el Internet en una herramienta de privatización del saber público.


Entonces no habrá mano invisible capaz de salvar el abismo que hay entre el interés general y el interés privado.


Sólo el público podría hacerlo, pero ¿quién lo representa? Por cierto que no los legisladores que firmaron la « ley Mickey ».


No podemos legislar sobre la Ilustración, pero podemos definir las reglas del juego que permitan proteger el interés público.


Las bibliotecas representan este interés. No son empresas, pero tienen que solventar sus gastos. Necesitan un plan de acción.


Su estrategia debiera traer a la memoria la consigna del proveedor de electricidad Con Edison cuando abría las calles de Nueva York para conectar los edificios : « Cavar debemos. » Adaptada a los bibliotecarios : « Numerizar debemos. »


Pero no de cualquier manera. Hay que hacerlo para el interés público, es decir, protegiendo la responsabilidad sobre los contenidos para la ciudadanía.


Sería ingenuo asimilar la Web a la Ilustración. Simplemente ofrece un medio para difundir el conocimiento mucho más allá de lo que imaginó Jefferson. Mas mientras Internet se construía paso a paso, hipervínculo a hipervínculo, las grandes empresas no se quedaron inertes al borde del camino. Quieren controlar el juego, adueñarse de él, poseerlo. Rivalizan entre ellas, entendido, pero con una ferocidad tal que los menos aptos desaparecen. Su lucha por la sobrevivencia ha dado a luz una oligarquía con poderes desmesurados, cuyos intereses difieren de los del público de forma muy sensible. No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que los grupos privados se metan los bienes públicos al bolsillo. Ciertamente, debemos digitalizar. Pero sobre todo debemos democratizar, es decir, generalizar el acceso a nuestra herencia cultural. ¿Cómo? Reescribiendo las reglas del juego, subordinando los intereses privados al interés público, inspirándonos en los primeros republicanos para instaurar una república numérica del saber.


¿De dónde nos vienen estos lances utópicos? De Google. Hace cuatro años, esta empresa comenzó a numerizar obras habidas de los catálogos de las bibliotecas universitarias, poniendo en línea trabajos de investigación en versión íntegra y disponibilizando títulos caídos en el dominio público sin cobrar un centavo a los amateurs. Ya es posible, por ejemplo, consultar y descargar gratuitamente una copia numérica de la edición original de Middlemarch, la obra maestra de la novelista George Eliot, publicada en 1871, que se encuentra en la Bodleian Library en Oxford. Todos se han beneficiado, incluído Google, que se lleva las ganancias de la publicidad en su página Google Book Search, de hecho relativamente discretas. La S.A. también ha numerizado un número cada vez mayor de libros protegidos por copyright, de los cuales sube extractos para facilitar la búsqueda a los internautas.


Pero en septiembre y octubre del 2005, un grupo de autores y editores espantados por lo que podrían dejar de ganar intentó una class action (demanda a título colectivo) contra Google en nombre de la defensa de sus derechos patrimoniales.


El 28 de octubre del 2008, al cabo de negociaciones interminables, ambas partes llegaron a un acuerdo al cual sólo le falta la aprobación de un tribunal de Nueva York (2).


Un computador por biblioteca


Prevee la creación de una empresa bautizada Book Rights Registry (« registro de derechos de libros ») encargada de representar los intereses de los autores y editores que ostenten copyrights.
Google dará acceso pagado a una base de datos gigante compuesta, en un comienzo, de títulos agotados proveídos por las bibliotecas universitarias. Liceos, universidades y diversos colectivos podrán conectarse comprando una « licencia institucional ».
Otra licencia, llamada « de acceso público », será entregada a las bibliotecas públicas y dará acceso gratuito a la base de datos, pero en un solo computador.
En caso de que algún usuario frustrado se negara a hacer la fila esperando que el codiciado puesto quede libre, por supuesto que pensaron en un servicio pagado on-demand, la « licencia consumidor ».
Google además se compromete a cooperar con el Book Rights Registry para repartir los ingresos que esto generaría, a razón de 37 % para sí y 63 % para los detentores de copyrights.
En paralelo, la empresa seguirá poniendo en línea obras del dominio público las cuales sí podrán ser descargadas gratuitamente.
De los siete millones de títulos que afirman haber numerizado hasta noviembre del 2008, existirían un millón de libros « públicos », otro millón bajo derechos de autor que aún pueden encontrarse en librerías, y finalmente cinco millones que el copyright también « protege » pero que están agotados o no son encontrables.
Esta última categoría es la que proveerá la gran masa de bienes comercializables vía « licencias ».
Un grán número de obras con copyright quedarán no obstante excluídas de la base de datos, a menos que sus autores, herederos o editores decidan lo contrario. Continuarán por lo tanto vendiéndose en papel, a la antigua, o serán objeto de comercialización en formato numérico, ya sea descargándolos con la « licencia consumidor », ya sea adaptándolos como libros electrónicos (e-books).
En fin, después de leer el acuerdo entre Google, los autores y editores, e impregnarse de su filosofía — lo que no es una tarea fácil puesto que el documento se extiede sobre ciento treinta y cuatro páginas y quince apéndices — nos quedamos boquiabiertos : he aquí las fundaciones de lo que podría convertise en la bilblioteca más grande del mundo.
Biblioteca numérica, sí, pero que le ganaría por knock out a las instituciones más prestigiosas de Europa y los Estados Unidos.
Más encima, Google se elevaría al estatus de la librería comercial más grande del planeta — su imperio numérico relegaría a Amazon al rango de almacén de la esquina.
¿Cómo quedarse indiferente ante la perspectiva de ver las riquezas de las mayores bibliotecas universitarias norte-americanas al alcance de un click para todos los intertautas del mundo?
La brujería tecnológica de Google no solamente permitiría a los lectores acceder a los libros que quieran, sino que también abriría posibilidades de investigación inextinguibles. Bajo ciertas condiciones, las instituciones asociadas con el proyecto serán capaces de utilizar copias numéricas de obras perdidas o malogradas para renovar sus stocks. Google por lo demás se compromete a adaptar los textos de modo a volverlos acccesibles para los lectores discapacitados.
Desafortunadamente, la promesa de la empresa de garantizar el libre acceso a sus archivos en un sólo computador en cada biblioteca pública tiene pocas posibilidades de satisfacer la demanda, en especial para las instituciones más visitadas. Por lo demás está sujeta a una restricción : el lector que quiera imprimir un texto protegido por copyright sólo podrá hacerlo a cambio de monedas contantes y sonantes.
Aún así, las pequeñas bibliotecas municipales tendrán a su disposición un fondo virtual más importante que la gran biblioteca central de Nueva York.
Sí, Google bien podría hacer realidad el sueño de la Ilustración. Pero, ¿lo hará?
Los filósofos del siglo XVIII consideraban las situaciones de monopolio como el principal obstáculo contra la difusión del conocimiento — atacaban especialmente al Gremio de las librerías de París, que se oponía a la libre circulación de los libros.

Invulnerable ante cualquier forma de competencia


Google no es un gremio y no se vé a si mismo como un monopolio. La empresa apunta incluso a un objetivo respetable, que es promover el acceso a la información.
Pero el acuerdo que firmó la hace invulnerable a cualquier forma de competencia.
La gran mayoría de autores y editores que tengan un copyright válido en los Estados Unidos quedan automáticamente cubiertos por el documento.
Evidentemente pueden escoger excluirse del dispositivo pero, hagan lo que hagan, ningún otro proyecto de numerización podrá ver la luz sin obtener el consentimiento de cada uno de los dueños de derechos de autor, que es lo mismo que decir una misión imposible.
Si la operación Google recibe la bendición de los jueces — un proceso que todavía podría durar dos años —, el gigante de California tendrá el dominio numérico de casi todos los libros existentes en Estados Unidos.
Éste desenlace no era inevitable. Podríamos haber creado una biblioteca numérica nacional, el equivalente moderno de la biblioteca de Alejandría.
Mientras los poderes públicos bostezaban, Google tomó la iniciativa. La empresa no se molestó en litigar ante tribunales. Simplemente escaneó libros, y lo hizo de manera tan eficiente que a otros se les abrió el apetito por las ganancias que resultarían.
Erraríamos el camino burlándonos de la aspiración de autores y editores de recibir los derechos que les corresponden, al igual que hay que tener cuidado con juzgar a la rápida los argumentos de su class action.
No obstante, a la espera de la pronunciación de los jueces de Nueva York, es indiscutible que el objetivo del acuerdo en cuestión es la repartición de ganancias, no la defensa del interés público.
Uno de los efectos imprevistos del negocio es que Google efectivamente se encontrará en posición de monopolio — monopolio de una nueva especie, no sobre el acero o las bananas, sino sobre el acceso a la información.
La empresa no tiene ningún rival serio. Hace ya varios meses que Microsoft renunció a su propio proyecto de numerización de libros y las otras compañías en el mercado como Open Knowledge Commons (ex-Open Content Alliance) o el Internet Archive, son insignificantes al lado de Google.
Éste último es el único que tiene los medios para numerizar a una escala así de gigantezca. Gracias al acuerdo que negoció con autores y editores puede emplear en pleno su potencia financiera y al mismo tiempo quedarse dentro del perímetro de lo legal.
El historial de Google hasta el momento sugiere que la empresa no abusará de su poder. ¿Pero qué pasará cuando sus actuales directivos vendan sus partes o se jubilen?
Las tarifas previstas para el acceso a la futura base de datos numérica constituyen un primer atisbo de respuesta a la cuestión.
El acuerdo tal como se cerró le deja en efecto el campo libre para renegociar el precio de las licencias con cada uno de sus clientes, a pesar que se compromete a seguir dos principios generales : « 1. El ajuste de la renta abonada a los propietarios de derechos de cada obra y cada licencia en función del precio de mercado; 2. Asegurar un amplio acceso al público, especialmente a las instituciones de educación superior. »
¿Qué pasará si Google privilegia su propio lucro en perjuicio de su público?
Nada, a juzgar por las disposiciones del acuerdo.
Sólo el Book Rights Registry, en nombre de los propietarios de derechos podría imponer nuevas tarifas a la empresa, pero parece poco probable que objetara precios demasiado altos.
Google puede optar por tarifas generosas. Pero nada le impide servirse de una estrategia similar a la de los editores de revistas científicas : primero seducir al cliente con una oferta atractiva, y luego que éste ha mordido el anzuelo, subir los precios tanto como sea posible.
Los partidarios del libre comercio redargüirán que el mercado se regulará a sí mismo. Si a Google se le pasa la mano, los consumidores anularán sus subscripciones y en consecuencia los precios bajarán.
Pero no hay correlación directa entre oferta y demanda en los mecanismos que dirigen la atribución de licencias institucionales, por lo menos del modo que lo establecen los firmantes del acuerdo.
Los estudiantes, profesores y bibliotecarios no se meterán ellos mismos la mano en el bolsillo. Son las bibliotecas las que afinarán la nota, y si no logran encontrar los fondos necesarios para renovar su subscripción, corren el riesgo de acarrear las protestas de los lectores ya « adictos » a los servicios de Google. Preferirán entonces socavar sus otros gastos, por ejemplo reduciendo las adquisiciones de libros de papel, como ya lo hicieron antes, cuando los editores hicieron explotar los precios de los periódicos especializados.
A falta de poder predecir el futuro, solamente podemos leer con atención los términos del acuerdo y extraer ciertas hipótesis.
Si Google hace accesible a un precio razonable la suma del material de todas las grandes bibliotecas norte-americanas, no escatimaremos en aplausos.
Después de todo, ¿acaso no es preferible disponer de un corpus enorme de títulos aunque sea a un alto precio, que no tener acceso a nada?
Quizás, pero el acuerdo del otoño del 2008 cambia radicalmente el mundo numérico concentrando todo el poder en las manos de una sola empresa.
A excepción de Wikipedia, Google ya controla el acceso a la información en línea de la gran mayoría de los norte-americanos, ya sea que busquen un artículo, una fotografía, un lavadora o una entrada al cine. Sin contar los servicios anexos al famoso motor de búsqueda : Google Earth, Google Maps, Google Images, Google Labs, Google Finance, Google Arts, Google Food, Google Sports, Google Health, Google Checkout, Google Alerts y otros derivados en elaboración.
Al día de hoy, Google Book Search está a punto de inaugurar la biblioteca más grande y la tienda de libros más grandes de la historia. Sea como sea que interpretemos este acuerdo, sus disposiciones están tan inextricablemente entrelazadas que se imponen en un solo bloque.

A presente ni Google, ni los autores, ni los editores, ni la corte del distrito de Nueva York están en posición de agregarle modificaciones notables. Es un hito crucial en el desarrollo de lo que llamamos la sociedad de la información.
Si no reequilibramos la balanza, los intereses privados podrían derrotar definitivamente al interés público.
El sueño de la Ilustración quedaría entonces más inaccesible que nunca.

Robert Darnton Historiador, profesor de la universidad Carl H. Pforzheimer y director de la biblioteca de Harvard. Este texto fue publicado por « The New York Review of Books » el 12 de febrero del 2009.


(1) La ley de 1998 alargó veinte años la duración del copyright de todas las obras publicadas después del 1ero de enero de 1923. Esta duración ha sido aumentada once veces en el curso de los últimos cincuenta años, haciendo de ésto un rompecabezas jurídico. Hasta 1992, los propietarios de los derechos tenían que ellos mismos solicitar la renovación de la protección. Este procedimiento se volvió luego automático para los libros publicados entre 1964 y 1977, pero bajo la condición que sus autores dispongan de un copyright con una duración de cincuenta años a partir del día de su muerte conforme a la ley de 1976. En seguida, la ley de 1998 prolongó de veinte años suplementarios esta protección. Es la razón por la cual todos los libros publicados después de 1963 siguen protegidos, a pesar que un gran número de obras — imposible saber cuántas por causa de falta de información sobre los autores o sus heredores — publicadas entre 1923 y 1964 también están cubiertos por copyright. Cf. sobre el asunto Paul A. David y Jared Rubin, « Restricting access to books on the Internet : Some unanticipated effects of US copyright legislation », Review of Economic Research on Copyright Issues, vol. 5, n° 1, Christchurch (Nueva Zelandia), septiembre del 2008. (2) El texto íntegro del acuerdo puede ser consultado en las páginas de Google con el nombre « Reglamento de la Búsqueda de Libros en Google » Traducido del Monde Diplo